El juez Hurtado insiste en acusar sin pruebas al fiscal general y obviar los antecedentes

El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ha rechazado imputar por el mismo delito a Pilar Sánchez Acera. Esta dirigente madrileña del PSOE era jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa cuando envió a las ...

El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ha rechazado imputar por el mismo delito a Pilar Sánchez Acera. Esta dirigente madrileña del PSOE era jefa de gabinete de Óscar López en Moncloa cuando envió a las ocho de la mañana del 14 de marzo de 2024 un documento a Juan Lobato, entonces líder socialista en la Comunidad de Madrid, con la confesión de culpa de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, e imputado por dos delitos fiscales. Aunque el contenido de ese documento ya lo habían contado horas antes varios medios de comunicación, nadie lo había publicado a esa hora.

El juez Hurtado tiene claro que el documento salió de la fiscalía general al palacio de la Moncloa ―lo plasmó así en otras resoluciones antes y lo volvió a escribir este lunes― aunque sigue sin tener una prueba sólida de ese hecho. Las acusaciones populares, que defienden en esta causa al querellante, el defraudador confeso Alberto González Amador, pidieron al juez nuevas diligencias para conseguir esa prueba de que fue el fiscal general quien envió a La Moncloa el correo secreto. Pero Hurtado considera que no es necesario: “Ya consta, al nivel indiciario que nos encontramos, tal circunstancia, y acceder a otras que abundaran en lo mismo podría prolongar el tiempo de instrucción”. El juez planea llevar a juicio al fiscal general sin tener una sola prueba de lo que hizo con el supuesto secreto revelado, dado que García Ortiz borró cualquier rastro de sus comunicaciones antes de que el instructor ordenase de urgencia la entrada y registro en su despacho.

Sánchez Acera declaró ante el instructor que había recibido esa información de periodistas, aunque no los identificó. El juez Hurtado no se lo cree y aunque podría imputar a Sánchez Acera por falso testimonio prefiere que lo haga el tribunal al que corresponda este caso si finalmente llega a juicio.

El instructor asegura que Sánchez Acera siempre se podrá acoger a la “excusa absolutoria del artículo 262 del Código Penal” (cita mal el artículo, que es el 462) donde se establece que “no se aplicará pena a quien se retracte de un falso testimonio en un juicio, lo que debe hacerse en tiempo y forma, y antes de que se dicte sentencia”.

Para justificar que no imputa a Pilar Sánchez Acera, el juez explica que la revelación de secretos no puede ser atribuida a Sánchez Acera por dos motivos: cuando ella difundió el documento ya no era secreto —estaba en poder de algunos medios que habían informado de su contenido— y tampoco tenía la categoría de funcionaria obligada a guardar el debido sigilo.

El juez obvia otra vez unos antecedentes del caso que dejarían sin base la causa penal contra el fiscal general. Dice Hurtado: “La base fáctica de la revelación de secretos estaría en la filtración subrepticia a medios de comunicación de un correo con información confidencial, cuyo interesado no deseaba que se difundiera, pero que, habiendo llegado a conocimiento de un tercero, funcionario público, lo traslada a un determinado medio, con el objetivo de darle publicidad, alcanzando una divulgación pública que no debió haber alcanzado”.

Carlos Neira, el abogado de González Amador, decidió difundir un correo electrónico que le había enviado el fiscal encargado del caso, Julián Salto, donde lo informaba de que había presentado denuncia contra su cliente y, por tanto, podrían entablar conversaciones sobre un futuro acuerdo de conformidad. Ese correo, cuya difusión no autorizó en ningún caso el fiscal Salto, fue filtrado a los medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pareja del defraudador confeso. Junto a esa información, según ha declarado el periodista de El Mundo, medio que adelantó la noticia, González Amador o su entorno informaron que la negociación abierta con la fiscalía se basaba en admitir los dos delitos a cambio de pagar una multa y reducir su pena de cárcel de al menos dos años a solo ocho meses.

El juez Hurtado evita referirse a estos detalles en su auto, donde insiste en que “secreto significa lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto, y, como tal, cabe considerar aquello que solo es sabido por un núcleo limitado de personas, que el afectado, por su interés, no quiere que sea conocido más allá de ese círculo, lo que conlleva un deber de discreción por parte del tercero que lo conoce, con eventual relevancia penal, si lo divulga, en atención a la entidad y/o relevancia de la información que revele”. No parece, por lo sabido y por lo investigado en la causa que instruye Hurtado, que “el afectado”, Alberto González Amador, no quisiera que fueran conocidas sus negociaciones con la Fiscalía para evitar la cárcel, porque fue su entorno quien las detalló, según ha declarado el periodista de El Mundo al juez Hurtado. Además de difundir esas negociaciones, lanzaron un bulo para explicar el fracaso de las mismas: “Por órdenes de arriba”, escribió Miguel Ángel Rodríguez, se retiró la propuesta de acuerdo.

El instructor no cita nada de todo esto en su relato contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tras leer la noticia adelantada por El Mundo ―”La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”― y alertado de la mentira por la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, recopiló la información necesaria para conocer la verdad del caso, que hizo pública a través de una nota solo unas horas después.

Filtrar un supuesto secreto para difundir un bulo ―lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez y ha quedado acreditado por la investigación judicial― se ha convertido en una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien recabó toda la información disponible para restablecer la verdad de los hechos.